La devolución aplica inmediatamente que las instituciones financieras adquieran las propiedades por subasta.

Los bancos en Puerto Rico deberán devolver las cuotas por mantenimiento a las asociaciones de residentes de condominios y urbanizaciones al momento en que estas instituciones obtengan las propiedades por medio de subasta.

Así quedó establecido en una nueva ley (Ley 119-2016) que obliga a las instituciones financieras a que paguen mensualmente (o como dispongan las reglas de urbanizaciones y condominios) las cuotas de mantenimiento a los consejos de titulares de las propiedades que ejecutan.

El estatuto responde a un proyecto del senador Ramón Luis Nieves, presidente de la Comisión senatorial de Banca. Según explicó el funcionario por medio de un comunicado, actualmente los bancos “no pagan dichas cuotas desde que adquieren la propiedad por subasta, y terminan pagándolas cuando, años después, logran revender la propiedad”.

“Esta solución le hace justicia a los residentes en urbanizaciones y condominios, pues inmediatamente lograrán un flujo de efectivo multimillonario por parte de los bancos. Los bancos, por su parte, se benefician al no tener que entrar en disputas de última hora con las asociaciones de residentes, que usualmente ocurren cuando el banco pide una certificación de deuda cuando va a vender la propiedad a un tercero”, sostuvo Nieves.

Explicó que, en diversas ocasiones, este atraso en los pagos por cuotas de mantenimiento se tornaban en un obstáculo para que puertorriqueños adquirieran propiedades reposeídas por los bancos.

En este sentido, la nueva ley firmada por el gobernador Alejandro García Padilla, obliga a los adquirientes involuntarios (acreedores que adquieren una propiedad para cobrar la acreencia que se les debe, no importa si la adquirieron en la primera o tercera subasta), a que paguen el equivalente a seis meses de cuotas de mantenimiento a las urbanizaciones, igualando lo que ocurre hoy en los condominios.

Según Nieves, el nuevo estatuto “corrige una injusticia histórica contra las asociaciones de residentes en las urbanizaciones, y ayuda a mejorar sustancialmente su situación financiera”.

Hasta diciembre de 2015, en Puerto Rico habían sobre 20,150 propiedades en proceso de ejecución, la cifra más alta en, al menos, seis años. Luego del proceso judicial de ejecución de hipoteca, la gran mayoría de las propiedades pasan usualmente a las unidades administrativas de propiedades reposeídas de los bancos. Dichas unidades se encargan entonces de promover la venta de los inmuebles para cobrar su deuda.
 
La nueva ley contó con el aval de la Alianza de Comunidades con Control de Acceso, dirigida por Magali Fernández. Rhonda Castillo y Ada Moledo, la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, presidida por Marco Rosado, la Asociación de Bancos, y la Asociación de Banqueros Hipotecarios.